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En pleno proceso de fusión de las cooperativas lecheras del País Vasco y de Navarra, los sindicatos y ganaderos pedían un laboratorio interprofesional, que garantizase la neutralidad de las determinaciones de calidad de la leche que servían para establecer el precio pagado al ganadero por su producto. Tanto el Gobierno Vasco como el de Navarra, miraban algo más lejos; la industria resultante de la fusión habría de ser competitiva, y la competitividad pasaba por crear nuevos productos que le diesen a la leche un valor añadido inexistente en ese momento en la leche de consumo diario, convertida en una auténtica conserva.
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